La Procuraduría General de la Nación ha sancionado en primera instancia al actual alcalde de Tunja, Boyacá, Mikhail Krasnov, con destitución e inhabilidad por un período de 14 años. Este fallo, dado a conocer el 25 de agosto de 2025, sumerge a la capital boyacense en una profunda incertidumbre política y abre un debate sobre la interpretación de las inhabilidades para cargos de elección popular.

Krasnov firmó un contrato de prestación de servicios con una universidad en diciembre de 2022, aproximadamente diez meses antes de las elecciones de octubre de 2023, lo que lo hacía inelegible para postularse al cargo. La Procuraduría calificó su falta como “gravísima, a título de dolo”, señalando que vulneró el régimen de inhabilidades. Aunque Krasnov se ha declarado tranquilo y no notificado oficialmente, también se menciona que enfrenta otros procesos disciplinarios y penales, además de una solicitud de nulidad de su elección que está pendiente de confirmación en el Consejo de Estado.

¿De dónde se deriva la sanción?

La decisión del Ministerio Público se fundamenta en que Krasnov se inscribió y posteriormente tomó posesión de su cargo, estando inhabilitado. La inhabilidad surge de un contrato de prestación de servicios que Krasnov suscribió con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

• Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales como magíster en economía para la capacitación en revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán, dirigido a estudiantes del semillero del grupo de investigación SOECOM.

• Período de Ejecución: Del 6 al 30 de diciembre de 2022.

• Valor: $8.129.040.

• La Inhabilidad: La Procuraduría verificó que Krasnov, siendo contratista aproximadamente diez meses antes de las elecciones del 29 de octubre de 2023, inscribió su candidatura, lo que implica una vulneración del régimen de inhabilidades.

• Calificación de la Falta: La entidad disciplinaria calificó la falta del alcalde como “gravísima, a título de dolo”

La postura del alcalde y sus defensas

Mikhail Krasnov, un ciudadano ruso nacionalizado colombiano que se convirtió en alcalde en octubre de 2023 al ganar las elecciones con el 31,66% de los votos, ha manifestado su tranquilidad y ha defendido su posición. En un video publicado por la Alcaldía de Tunja, Krasnov aseguró que no ha sido notificado oficialmente de la decisión de la Procuraduría y desconoce su contenido.

El alcalde afirmó que permanecerá en su despacho “hasta que Dios y la justicia lo determinen”. Subrayó que, antes de iniciar su ejercicio político, consultó a varios abogados quienes le indicaron que ser profesor no constituía ningún impedimento. Según Krasnov, esto fue probado durante el proceso y de su parte “no hubo mala fe”. Ha anunciado que, a través de su abogado, interpondrá todos los recursos que la ley le permite. Además, envió un mensaje a los políticos que “llevan desangrando décadas a esta ciudad”, afirmando que seguirá siendo alcalde para la fortuna del desarrollo, estabilidad y progreso de Tunja. Krasnov cree firmemente que tanto el Tribunal Administrativo de Boyacá como la Procuraduría están equivocados en su interpretación

Implicaciones y futuro judicial y político

La decisión de la Procuraduría es de primera instancia y es susceptible de recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular. Sin embargo, esta no es la única batalla legal que enfrenta el alcalde:

• Anulación de Elección: En febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá ya había anulado la elección de Mikhail Krasnov como alcalde para el período 2024-2027, precisamente por la inhabilidad derivada del contrato con la UPTC. Esta decisión está pendiente de confirmación o revocación por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado. La Procuraduría, de hecho, había pedido confirmar el fallo que anuló su elección.

• Otro Proceso Disciplinario: Existe otro proceso disciplinario en curso contra Krasnov en la Procuraduría General.

• Proceso Penal: La Fiscalía ha programado para el 9 de septiembre una audiencia para la imputación de cargos y medida de aseguramiento por los delitos de “interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos”.

La situación ha generado reacciones diversas en el ámbito político:

• Jaime Raúl Salamanca, representante a la Cámara por Boyacá, lamentó la situación, calificándola como una “mala hora” para las ciudades boyacenses y para Tunja, invitando a su partido a proponer soluciones.

• Pedro Suárez Vacca, también representante a la Cámara, ha expresado su preocupación por la constitucionalidad de la facultad de la Procuraduría para vulnerar los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular, citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suárez Vacca instó a que sean los jueces, y no un órgano administrativo, quienes decidan sobre los derechos políticos, enfatizando que Tunja necesita la certeza de un mandato estable.

Con múltiples procesos pendientes y la posibilidad de apelaciones, el futuro del alcalde Mikhail Krasnov es incierto, y con él, la estabilidad institucional de Tunja. La ciudad se encuentra a la expectativa de las próximas decisiones judiciales y disciplinarias que definirán su liderazgo para los próximos años.

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